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El escándalo de Cambridge Analytica llevó al Senado estadounidense a interrogar durante horas al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg. Los Senadores parecían no entender cómo funciona esta red, y además atribuían a la plataforma parte del debilitamiento de la democracia americana. Si bien es legítimo cuestionar a Facebook por no entregar resguardos suficientes, especialmente en periodos donde trolls, bots y FakeNews son estratégicamente creados para manipular audiencias en la plataforma, también vale la pena preguntarse ¿qué han hechos los poderes del Estado, entre ellos los congresos mismos, para adaptarse a la revolución digital y de esa forma proteger la democracia y sus ciudadanos?
Con cara de contrariado Zuckerberg trataba de explicar que Facebook, como sus otros servicios Whatsapp e Instagram, no venden datos, sino que su negocio son los avisos publicitarios. La plataforma no vende productos, sino que vende audiencias a la medida exacta de la necesidad del anunciante, sin importar si es un vendedor de zapatillas, un movimiento social, un partido político o un gobierno extranjero tratando de interferir las elecciones o estabilidad de otro país. La única excepción, son algunos grupos que explícitamente propagan odio o violencia y son detectados por sus sistemas de filtro.
El espacio público cambió. La discusión política y sobre el bien común no se da solo en los congresos ni en los espacios creados para ello y Facebook se ha convertido en una plataforma de discusión política que corre de manera paralela, y con pocos puntos de encuentro con las instituciones formales. Es tiempo que los congresos, no solo vigilen y regulen plataformas creadas con fines comerciales, sino que intencionadamente desarrollen y experimenten mecanismos que les permitan usar el potencial de las tecnologías digitales.
Varias instituciones gubernamentales en el mundo están tratando de enfrentar este desafío: páginas de accountablity y transparencia en diversos congresos son lo mínimo. Otros gobiernos disponen de plataformas de diseño colaborativo para la elaboración de políticas públicas, o como en Chile un Senador Virtual (www.senadorvirtual.cl) donde los ciudadanos pueden dar su parecer frente a ciertos proyectos. Sin embargo, estas iniciativas corren a un ritmo mucho más lento que las amenazas y desafíos de las plataformas comerciales. Nuestras instituciones deben ponerse al día y empezar a dirigir el desarrollo de herramientas digitales que agreguen valor a la democracia.
Una experiencia interesante de ver es el Laboratorio Hacker de la cámara de representantes de Brasil, que colabora con la legislatura para el desarrollo de proyectos de participación ciudadana, de parlamento abierto y acciones de transparencia. Pero más allá de la buena voluntad y el accountability de Facebook y el resto de las plataformas, son nuestros representantes quienes están llamados a proteger el sistema y a generar los mecanismos institucionales para proteger la democracia de acuerdo al tiempo que estamos viviendo.
Publicado en La Segunda.